En los últimos meses, el debate sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental de niñas, niños y adolescentes volvió al centro de la agenda pública. Ya lo hizo Australia y ahora se suman los gobiernos de Reino Unido y España de prohibir el acceso a redes sociales a menores de edad, junto con un paquete de medidas que incluyen mayor responsabilidad penal para las plataformas y exigencias de transparencia algorítmica, marca un punto de inflexión en la discusión global.
Las redes sociales ya no son solo espacios de intercambio: son entornos diseñados para capturar atención, explotar datos personales y moldear comportamientos. Algoritmos opacos, sistemas de recompensa constantes y dinámicas adictivas forman parte estructural de su modelo de negocio. Frente a este escenario, la pregunta ya no es si existen riesgos, sino quién se hace cargo de ellos.
Las prohibiciones, como la anunciada en España, buscan proteger a los sectores más vulnerables. Sin embargo, múltiples especialistas advierten que estas medidas, por sí solas, no garantizan cambios reales si no están acompañadas por transformaciones culturales más profundas. El primer espacio donde se construye la relación con la tecnología no es la plataforma, sino el hogar.
Durante años, como sociedad, hemos delegado en empresas tecnológicas la tarea de entretener, socializar e incluso educar. Al mismo tiempo, los adultos normalizamos el uso permanente del celular, la atención fragmentada y la presencia física sin disponibilidad emocional. Pedimos límites para las infancias mientras nosotros mismos vivimos hiperconectados.
De esa tensión nace el Proyecto de Ley de Coherencia Digital Familiar, una propuesta simbólica que no busca penalizar a las madres y padres, sino visibilizar una verdad incómoda: no hay educación digital posible sin ejemplo adulto. La coherencia entre lo que se dice y lo que se hace es la herramienta más poderosa de cuidado.
El proyecto propone principios simples pero profundos: asumir la corresponsabilidad del entorno digital que se construye en casa, revisar el uso adulto del celular frente a hijas e hijos, comprender y poder explicar cómo funcionan las redes sociales y reconocer la llamada huella de atención: el impacto real que nuestras pantallas tienen en los vínculos cotidianos.
Las medidas adoptadas por España y otros países abren un debate necesario sobre regulación, soberanía digital y límites al poder de las plataformas. Pero ninguna ley será suficiente si el cambio no empieza por casa. La protección de las infancias no se logra solo prohibiendo, sino revisando hábitos, aceptando contradicciones y entendiendo que educar también es renunciar.
Si te interesa el proyecto podés descargarlo ingresando acá.
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