La digitalización del Estado argentino avanzó a pasos acelerados, pero sin una estrategia integral que acompañe ese crecimiento con medidas de protección adecuadas. Hoy, todas las áreas del Gobierno Nacional están digitalizadas, lo que representa un hito en la modernización administrativa, pero también abre una puerta crítica: la creciente exposición a ataques cibernéticos.
Los datos hablan por sí solos. Entre abril de 2022 y marzo de 2023, los reportes de ciberdelitos aumentaron un 38,5 %, alcanzando 35.447 incidentes, según datos de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI). Y sin embargo, el Congreso Nacional apenas debatió el tema: solo se presentaron 16 proyectos de ley relacionados con ciberseguridad, ninguno discutido en el recinto. Esto pone en evidencia una brecha preocupante entre los avances tecnológicos y la capacidad legislativa para regular y proteger.
A esta desprotección se suma un marco legal obsoleto, como la Ley de Protección de Datos Personales que data del año 2000, y la falta de capacitación en ciberseguridad dentro de la administración pública, que contaba con más de 72.000 trabajadores en 2.783 unidades organizativas. Sin formación continua, el riesgo no solo se mantiene, crece.
El informe del CERT.ar confirma que el Estado es el segundo sector más atacado, después de finanzas y antes de transporte. ¿La causa? Un sistema fragmentado, sin presupuesto específico ni un órgano rector con competencias claras que unifique esfuerzos, defina prioridades y articule políticas a nivel nacional.
Mientras tanto, los cibercriminales se profesionalizan. Mejoran sus técnicas, amplían sus redes y se organizan con una lógica empresarial. Del otro lado, los profesionales que defienden los sistemas estatales enfrentan bajos salarios, inestabilidad y la falta de un escalafón específico, lo que limita la construcción de equipos técnicos sólidos y permanentes.
Pero en este escenario crítico también hay una oportunidad: crear un organismo especializado en ciberseguridad, con presupuesto y poder real, que pueda armonizar normativas, garantizar estándares internacionales y proteger efectivamente los datos de todos los ciudadanos. Esta medida, sumada a la urgente actualización normativa y a políticas activas de capacitación, puede sentar las bases de un nuevo contrato digital entre el Estado y la ciudadanía.
Argentina se enfrenta a un punto de inflexión. ¡El futuro digital llegó hace rato!. Lo que falta ahora es la decisión política para construir una ciberseguridad pública robusta, profesional y centrada en el bien común.
Todo esto te lo cuento gracias al apoyo incondicional que tuve de parte del equipo de la Fundación Friedrich-Naumann-Stiftung que me acompañaron y permitieron investigar en total libertad. Su apoyo hizo que pueda analizar en profundidad esta situación crítica y proponer herramientas concretas para fortalecer la protección de los datos públicos y enfrentar los riesgos crecientes en el entorno digital.
Podés consultar la investigación en Español e Inglés ingresando acá.